Marzo 10 de 1854

Señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Presente.

Por las razones que a continuación expongo, vengo a presentar mi renuncia al cargo de Director de la Facultad de Derecho que he venido desempeñando a partir del mes de octubre de 1951.

En el mes de octubre de 1952, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho decidió que, en ese año y en contra de la costumbre que se venia observando, se cumplieran los reglamentos universitarios y se exigiera de los alumnos, para tener derecho a sustentar exámenes ordinarios, un porcentaje de asistencias a clases durante el año escolar. El señor Rector de la Universidad, por acuerdo de 5 de agosto de ese mismo año, otorgó derecho a examen a un estudiante que no había concurrido a clases. Ante la agitación provocada por ese hecho, el H. Consejo Técnico de la Facultad acordó se otorgara a todos los estudiantes la misma prerrogativa y consignó los hechos al Tribunal Universitario, para que, previo estudio del problema dictara la resolución correspondiente. Los acontecimientos mencionados provocaron una grave agitación pública, que desgraciadamente se extendió a los periódicos del extranjero, por lo que creí mi deber poner los hechos en conocimiento de la H. Junta de Gobierno. En oficio de 30 de octubre de 1952, informó la Junta de Gobierno a la Dirección de la Facultad de Derecho que! a efecto de determinar si existía alguna responsabilidad en el señor Rector de la. Universidad o en el Director de la Facultad de Derecho, esperaría a que el Tribunal universitario dictara su tallo.

A principios del año de 1953, el Departamento Escolar de la universidad, pasando sobre los acuerdos del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y con nueva violación de los reglamentos universitarios, concedió nuevos exámenes al mismo estudiante, sin dar aviso a la Direcci6n de la Facultad de Derecho y designado jurados especiales.

La Dirección de la Facultad de Derecho se informó por los periódicos que el estudiante afectado iba a sustentar su examen profesional, Creyó, en un principio, que la noticia era falsa, por que no tenia conocimiento de que se hubieran celebrado nuevos exámenes, pero al acudir a la Sección de Derecho del Departamento Escolar, se enteró de la celebración de los exámenes, de que se había concluido la revisión de estudios y de la certiticaci6n de que el estudiante en cuestión había terminado sus estudios.

El Articulo 40, fracci6n VI del Estatuto universitario me impone el deber de velar por el cumplimiento de los principios universitarios y la dignidad y el decoro de la Escuela. Por esa única razón, puse los hechos en conocimiento del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho el que designó una Comisión integrada por los señores doctores Ricardo García Villalobos y Raúl Cervantes Ahumada y el suscrito, para que estudiara el expediente relativo y expidiera un dictamen. En el seno de la Comisión surgió una divergencia de opiniones, que dio origen al dictamen de los señores doctores Ricardo García Villalobos y Raúl Cervantes Ahumada y al voto particular del suscrito; acompaño a esta comunicación copia de los dos documentos.

Los doctores  García Villalobos y Cervantes Ahumada reconocieron en su dictamen la existencia de graves irregularidades y opinaron que esas irregularidades no producían la nulidad de los estudios; concluyeron proponiendo que se dijera a las autoridades universitarias que en lo futuro la Dirección de Servicios Escolares debería tratar todos los problemas por conducto de la Dirección de la Facultad. Sostuve en mi voto particular que el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho debía limitarse a comprobar la existencia de irregularidades y consignar los hechos a las autoridades universitarias señaladas en el Estatuto para decidir sobre la validez de los estudios y acerca de las responsabilidades de autoridades, profesores y estudiantes.

Por fortuna para el decoro de nuestra Facultad y de la Universidad, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho por mayoría de nueve votos contra cinco, reconoció la existencia de las irregularidades que se relatan en los documentos anexos y ordenó se pusieran los hechos en conocimiento del señor Rector para el efecto de que, en cumplimiento de la Ley Orgánica y del Estatuto Universitarios, dicte los acuerdos pertinentes.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Estatuto Universitarios, corresponde a la Junta de Gobierno, al Tribunal Universitario y al señor Rector, conocer de los hechos, fijar las responsabilidades y señalar las consecuencias y sanciones. La Facultad de Derecho puede estar tranquila, pues tengo la firme convicción de que la Universidad resolverá el problema con la serenidad y la justificación de que ha dado pruebas en los grandes momentos de su historia.

La Dirección de la Facultad de Derecho, al poner los hechos que dejo relatados en conocimiento del H. Consejo Técnico, no tuvo otro propósito que defender el prestigio y el decoro de la Facultad, injustamente atacados desde el año 1952 cuando, por vez primera, se hicieron notar las irregularidades cometidas en perjuicio general de la disciplina y escolar. Al obrar así, lo hice en la firme convicción de que el silencio y la aprobación de una hoja de estudios de cuyas irregularidades no es responsable la Facultad, harían víctima a la Escuela de nuevas e injustas acusaciones y calumnias. Juzgo que la realización del propósito enunciado -poner definitivamente a salvo el prestigio y decoro de la Escuela— podrá únicamente obtenerse cuando las autoridades universitarias deslinden responsabilidades y dejen claramente establecido que la Facultad de Derecho no tuvo ninguna intervención en las irregularidades anotadas.

Fuerzas políticas extrañas a la Universidad que debieran ser respetuosas de la dignidad y del decoro universitarios, están pretendiendo desorientar  a la opinión pública, transformando un problema que es puramente técnico-universitario, en una cuestión personal en contra del Director de la Facultad de Derecho. Afortunadamente, pertenezco a los universitarios que pensamos que las personas nada más valen cuando se trata de la vida, de la tranquilidad y del orden de nuestra Casa de Estudios y no puedo aceptar, a pesar de la opinión casi unánime de profesores y estudiantes, que apoya mi conducta, que la misma sea motivo para que políticos sin escrúpulos hagan labor de agitaci6n en la Facultad.

La dignidad y el decoro de la Universidad exigen que los hechos que me he visto precisado a poner en conocimiento del H. Consejo Técnico de la Facultad y de usted, señor Rector, se analicen con serenidad y energía. Estimo preferible alejarme de la Facultad para que el problema se resuelva en un ambiente de calma y por las autoridades competentes de la Universidad.

Por último, existe una razón suprema que me obliga a presentar mi renuncia, Deseo que la Universidad de México, para el bien de la Facultad de Derecho, juzgue mi conducta y si alguna responsabilidad es a mi cargo, obre con la severidad que reclaman la dignidad y el decoro de  nuestra cuatro veces centenaria Escuela de Jurisprudencia.

Quiero dejar constancia de que mi renuncia no obedece a diferencia alguna de criterio con usted. Conservo de su señoría el más alto concepto, le agradezco profundamente todas las atenciones que tuvo para la Facultad y para mi persona y hago los más fervientes votos --estoy cierto de que así ocurrirá-- por el éxito de su gestión y por la grandeza de la Universidad y de mi Escuela.

Protesto a usted mi atenta consideración.

México, a 10 de marzo de 1954.

Mario de la Cueva.